La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sostuvo este día que el ente rector del agua debe ser público.  

Foto VD/ Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara (izquierda).Foto VD/ Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara (izquierda).


La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, expresó este viernes que el ente rector del agua debe ser público y que debe evitarse cualquier tipo de monopolio del recurso hídrico.  

“La Ley General de Aguas debe incluir los enfoques de derechos humanos, la protección de las cuencas, las prioridades en su uso y el establecimiento de una autoridad rectora de carácter público, que evite el uso abusivo o monopólico del agua y que fomente la participación y consulta ciudadana en la gestión del ese recurso natural”, expresó la procuradora.

La reacción de la funcionaria ocurre después que diputados de derecha presentaran, a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley denominado “Ley Integral de Agua”, iniciativa que a criterio de las organizaciones ambientales tiene como fin privatizar el vital liquido.

La Procuradora Caballero de Guevara también respaldó la propuesta de Ley de Agua presentada por organizaciones ambientales y llama a la Asamblea Legislativa a retomar el estudio y análisis de la referida iniciativa.

“Hago un llamado a las diputadas y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, a que retomen el estudio y análisis de las propuestas para la aprobación de una ley general de aguas, y en dicho proceso, que tomen en consideración a los distintos sectores representativos de la sociedad salvadoreña, particularmente a la sociedad civil”, expresó la procuradora.

Añadió que los diputados deben priorizar en una ley que tenga “enfoque de derechos humanos, atendiendo a la consideración del agua como bien prioritariamente de consumo humano, cuya garantía es una ineludible responsabilidad del Estado”.

De acuerdo con la funcionaria, los legisladores están en la obligación de realizar un análisis objetivo, desprovisto de condicionamientos ideológicos o intereses particulares de las propuestas presentadas, de tal manera que los principios que informan los derechos humanos al agua, al saneamiento y a un nivel de vida digno se vean notoriamente reflejados en ella.