La Presidencia de la República se mantiene firme en la aplicación de las medidas extraordinarias en seguridad y recientemente pidió a la Asamblea Legislativa el aval para extenderlas por un año. Frente a discursos ambiguos de la derecha se rechaza ablandamiento de las medidas.


"El presidente Sánchez Cerén no contempla permitir que los penales se conviertan en antros de órdenes de crímenes", dijo el martes el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, al confirmar que el Gobierno rechaza cualquier tipo de relajamiento o ablandamiento de las duras medidas que se aplican a las estructuras criminales en seis centros penales del país.

"Como Gobierno queremos la continuidad de las medidas extraordinarias y no queremos ningún ablandamiento en el combate a la criminalidad, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. No hay motivo para retrasar la aprobación de la continuidad de las medidas extraordinarias", aseguró Chicas en la entrevista del martes en canal 10 de televisión.

El vocero gubernamental recordó que las medidas aplicadas a las cabezas de las estructuras de pandilllas, "están dentro del ordenamiento jurídico del país" y criticó a diputados del partido derechista Arena, que anunciaron de antemano que no votarán por la prórroga para un año más.

Los diputados son Norman Quijano y Mauricio Vargas.

"Hay que asegurar la continuidad de las medidas extraordinarias. No me extrañaría que a las puertas de las elecciones algunos quieran hacer algún guiño de ojos a sectores de la criminalidad, planteando políticas y actitudes diferentes", expresó con relación a la postura de algunos diputados del partido derechista.

Luego de la matanza de 11 trabajadores de una empresa eléctrica, en marzo de 2016, el gobierno decretó el estado de emergencia en siete cárceles y aisló a los cabecillas de las pandillas. Luego bloqueó el acceso a la telefonía celular e internet en al menos seis centros penales.

A los pandilleros vinculados en asesinatos de agentes de la PNC, soldados y custodios, se les aplica el aislamiento carcelario en el penal de máxima seguridad del país, Zacatecoluca, La Paz.

La Asamblea Legislativa aprobó para un año un paquete de medidas que permiten a las autoridades penitenciarias someter a aislamientos severos a los criminales y evitar que realicen llamadas telefónicas, entre otras. A su vez, aprobó sanciones para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.

Tras resultados positivos en la lucha anticriminal en el primer año (2016), el Congreso avaló que las medidas siguieran vigentes por un año más, cuya aplicación vence el próximo mes de marzo.

Las medidas se extenderían hasta el 30 de abril de 2019.


 

 

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