Exigen al partido Arena (de derecha) devolver los 10 millones de dólares donados por Taiwán para las víctimas de los terremotos del 2001 y apropiados por este partido cuando gobernaba el país.

Foto VD/ Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) en sede del partido Arena.Foto VD/ Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) en sede del partido Arena.


La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), se concentró este martes frente a la sede del partido Arena, a exigir que devuelvan los 10 millones de dólares donados por Taiwán para las víctimas de los terremotos del 2001, y que fueron desviados a cuentas del partido y utilizados para campaña electoral.     

“Venimos a exigir que devuelvan los 10 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán. Este dinero era para ayudar a los afectados por los terremotos de enero y febrero del año 2001, pero terminaron en cuentas de su partido Arena y utilizados para financiar la campaña electoral del 2004”, expresó Leonel Herrera, de ASGOJU.

En febrero de 2014, una “comisión especial de la Asamblea Legislativa determinó que esos fondos fueron desviados a través del Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth”, y que terminaron en una cuenta madre del partido Arena”, detalló Herrera.

“Públicamente el partido Arena ha reconocido, que se robaron ese dinero y que lo utilizaron para la campaña 2004”, añadió Herrera. Los fondos fueron recibidos por el ex presidente Francisco Flores, quien admitió ante el panel legislativo que recibió los fondos.

Herrera consideró que la impunidad de este y otros casos graves de corrupción, cometidos durante los gobiernos de Arena, se deben a la inoperancia del fiscal general, Douglas Meléndez, que se niega a procesar a los destinatarios de los fondos robados y no aplicar la ley de extinción de Dominio, para que el Estado recupere esos recursos.

Determinaron que los miles de millones de dólares robados o malversados por ex funcionarios areneros, son fondos que dejaron de invertirse en educación, salud, seguridad pública, reactivación productiva, obras públicas, saneamiento ambiental, prevención de la violencia y otras necesidades de la población.