La Asamblea Legislativa aprobó que las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión, sean incluidas de forma permanente a la Ley Penitenciaria.


En el año 2016, la Asamblea Legislativa aprobó crear las medidas extraordinarias de seguridad para combatir la criminalidad que atravesaba el país.

El jueves 16 de agosto pasado, el parlamento salvadoreño aprobó convertir en permanente las medidas extraordinarias.

Las reformas a la Ley Penitenciaria permiten regular las audiencias virtuales, restringir las comunicaciones en los centros penitenciarios, el traslado de reos, normar los centros de seguridad y máxima seguridad, así como definir cuál será el procedimiento de las visitas y quiénes deben estar internos en los centros de máxima seguridad.

Se crea un capítulo VI relativo al corte de tráfico de telecomunicaciones que establece, a través del artículo 80-A,  que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, previa opinión técnica del superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones, dispondrá de todas las medidas necesarias e indispensables para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centro de detención menor, centros temporales de reclusión.

También se añade el artículo 91-A para establecer lo relativo a los actos procesales mediante videoconferencias, para que la realización de audiencias judiciales, y cualquier otro acto procesal, se ciñan a lo establecido en el artículo 138 del Código Procesal Penal que define los lugares de audiencia y formas de realización. 

Según estipula el artículo 14-A, el director del centro penitenciario mediante resolución fundada podrá suspender las visitas de forma total o parcial, por un plazo máximo de treinta días, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor; construcción de obras, ampliaciones o remodelaciones de infraestructura, adecuaciones en tecnología, celebraciones de audiencias complejas o de alto riesgo, requisas o detección de ilícitos, traslados masivos, problemas de salud de los internos y mejoras del centro en general. Asimismo, podrá suspender la visita de toda clase por un plazo máximo de treinta días, en la totalidad del centro o en un sector de este, en aquellos casos en los que se tengan indicios de que los internos puedan causar actos de desestabilización en el centro.