La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Colectivos Feministas, se pronunciaron esta mañana ante la suspensión de la audiencia por parte del Tribunal de Sentencia de Usulután, que definiría la libertad o condena de Imelda Cortez.


El motivo de la suspensión de la audiencia fue porque la fiscal del caso, Bernarda Marisol Cáceres de Roque, no pudo asistir por problemas de salud.

Por esta suspensión, los organismos sociales condenan la actitud indiferente de la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de Imelda Cortez. Ellos solicitan que en este caso se aplique el principio de inocencia.

El representante de FESPAD, Omar Flores, expresó que la FGR tiene privada de libertad a Imelda en condiciones donde se violan los derechos humanos y no se poseen elementos probatorios para justificar su condena.

Imelda Cortez es una joven de 20 años que sufrió abuso sexual por siete años por parte de su padrastro desde que tenía 12 años, de esa violación ella quedo embarazada y tuvo parto extra hospitalario a consecuencia de una fuerte hemorragia.

Sin embargo, Imelda, habitante del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, está detenida desde el 17 de abril de 2017 y enfrenta un proceso penal en el que se le acusa de homicidio agravado en grado de tentativa.

Ante esta situación, FESPAD y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, IPAS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), lamentan que Imelda esté detenida por la inoperancia de la Fiscalía.

Asimismo, reclaman la falta de atención médica para la joven, quien presenta problemas de salud desde que está detenida en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de San Miguel.

La audiencia de Imelda Cortez fue reprogramada para el 17 de diciembre.