Las reformas a las leyes de espionaje doméstico en Estados Unidos constituyen una victoria histórica, pero aún está en serio peligro la libertad de los estadounidenses, señala este viernes Edward Snowden en el diario The New York Times.

El exfuncionario de la CIA y excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que reveló estos programas en 2013, afirma en su artículo escrito para ese rotativo, que en un mes las políticas invasivas de esa entidad fueron declaradas ilegales por las cortes y desautorizadas por el Congreso.

Snowden añade que un panel de supervisión nombrado por la Casa Blanca demostró que este programa no evitó ni un solo ataque terrorista e incluso el presidente Barack Obama, que una vez lo defendió y condenó a quienes lo expusieron al mundo, ahora ordenó su terminación.

Aunque avanzamos un largo camino, continúa en peligro el derecho a la privacidad, porque los registros de miles de millones de teléfonos son monitoreados, sin tener en cuenta que los afectados sean inocentes o culpables de algún delito, agrega Snowden, actualmente en Rusia.

Los datos que revelan las asociaciones e intereses personales de los usuarios habituales de Internet son interceptados y procesados, en una escala sin precedentes en la historia, e incluso "mientras usted lee este artículo, el Gobierno estadounidense toma nota de lo que usted hace", acota el excontratista de la NSA.

Obama firmó el 3 de junio la Ley de Libertad, que regula el espionaje doméstico masivo por la NSA, aprobada pocas horas antes por el Senado por 67 votos a favor y 32 en contra, tras un prolongado debate durante varias semanas.

La legislación reforma las facultades del Gobierno para vigilar las comunicaciones de los ciudadanos norteamericanos y restablece provisiones claves en este asunto, en particular, partes de la Sección 215 de la Ley Patriota, aprobada en octubre de 2001, apenas un mes después de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Sin embargo, el nuevo estatuto legal pone en manos de las compañías telefónicas los archivos de los registros de las llamadas de los estadounidenses, datos que pueden ser solicitados por el Gobierno mediante una simple orden judicial.