Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.

La Fiscalía presentó pruebas débiles en la audiencia inicial contra Rodil Hernández, por lo que la jueza del caso ordenó libertad condicional mientras dure el proceso judicial.

El Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que Rodil Hernández, Director de Centros Penales, es un elemento importante en la estrategia de seguridad del gobierno, por lo que se solidariza con él ante el proceso judicial en su contra.

“Él es un elemento muy importante en la estrategia de seguridad del gobierno, es un funcionario de muy importante para nosotros. Y puede asumir cualquier responsabilidad que se le asigne en esa materia”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Landaverde dijo que el regreso de Rodil Hernández a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) depende del contenido de la resolución que emita el Juzgado Cuarto de Paz y las diligencias que la Fiscalía General de la República (FGR) disponga para la investigación en su contra, por uso de los fondos de las tiendas de centros penales.

“Tenemos que conocer a fondo dicha resolución, porque la misma puede mantener algunas disposiciones como en otros casos ha ocurrido. Vamos analizar la resolución para tomar la decisión si el director de centros penales puede incorporarse al trabajo”, agregó.

Bertha Deleón, abogada defensora del funcionario, denunció las incongruencias en las supuestas pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República contra Hernández, por presuntas arbitrariedades administrativas.

La abogada aseguró que la Fiscalía presentó un requerimiento con falencias, al atribuir delitos sin sustentarlos, y calificó de ‘ilegal’ el proceso iniciado contra su defendido, ya sea por ignorancia o con una intención maliciosa. Incluso, el caso lo calificó como “humo”.

Más temprano, en una entrevista televisiva, Landaverde se refirió  acerca de las tiendas carcelarias, y dijo que en el pasado se actuó con poca transparencia y excesiva discrecionalidad.

Y aclaró que fue en la gestión del ex ministro de seguridad, Benito Lara, que se tomaron decisiones al respecto e implementó un sistema profesional y sometido a auditorías internas.

Recordó que ya se presentó a los diputados un proyecto para quitar la discrecionalidad en el uso de los recursos de las tiendas y que se norme la producción penitenciaria.

El funcionario explicó que estos fondos que provienen de las tiendas se utilizan para programas de reinserción.

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