En marzo pasado, el magistrado del TSE, Ulises Rivas, interpuso una denuncia por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hoy pidio informe a la Fiscalía.

Ulises Rivas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral.

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El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas, quien fue suspendido del cargo por cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, pidió este viernes un informe a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la denuncia que presentó por el delito de prevaricato contra estos magistrados.

“Solicité información sobre el expediente que se ha aperturado en la investigación en contra de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque los he denunciado por el delito de prevaricato al no aplicar la ley de una forma correcta”, manifestó.

Rivas interpuso en marzo pasado una denuncia por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.

"Ellos han resuelto inobservando y violentando el ordenamiento jurídico de nuestro país, es decir, yo les hice una recusación a los magistrados y ellos arbitrariamente resolvieron suspenderme del cargo", explicó Rivas.

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El abogado sostiene que emitieron una medida cautelar que lo separa del cargo, sin observar el procedimiento del Código de Procedimientos Civiles. “No aceptaron la recusación habiendo suficientes elementos para que ellos se apartaron del caso. No observaron la ley en el sentido que no me dieron oportunidad para poder recurrir a esa resolución o presentar una nulidad”, agregó.

Afirma que la ley es clara que “cuando se van afectar derechos fundamentales y humanos de las partes en el proceso se le tiene que dar la oportunidad a defenderse”.

Por ello, dijo que este día ha solicitado a la Fiscalía  un informe sobre la denuncia que presentó.  Reveló que la fiscalía ya solicitó los expedientes de su caso a la Sala de lo Constitucional para estudiarlos minuciosamente.

El magistrado recordó que también ha presentado una denuncia a PDDH  y Tribunal de Ética Gubernamental, pero a la fecha ambas instituciones no le han notificado al respecto  y tampoco se han pronunciado.

“La Sala ha hecho bien su trabajo en el sentido de amedrentar a los funcionarios en el sentido de que todo personal o funcionario que los cuestiona o peonen en tela de duda sus actuaciones son destituidos”, finalizó.

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