El Ministerio de Cultura manifiestó su desacuerdo con el dictamen emitido por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudia el caso del sitio arqueológico Tacuscalco, a través del cual se pretende modificar la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES).

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Tras impulsar una intepretación auténtica de la ley, los legisladores concluyeron que durante la investigación, se han percataron que la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, aprobada en 1993, contiene una redacción que da paso a interpretaciones extensivas de la competencia administrativa.

En cambio, en el dictamen decretan, la interpretación auténtica del artículo 8, inciso 2.° de la LEPPCES, plantean que “estarán obligados a solicitar la autorización previa del Ministerio de Cultura las entidades responsables de desarrollos urbanos y rurales, obras públicas en general, construcciones o restauraciones privadas, todas ellas vinculadas directamente con un bien cultural así declarado”.

Dicha propuesta no puede considerarse una “interpretación auténtica”, al no contar con un análisis técnico–patrimonial. La interpretación auténtica que se está proponiendo contradice el Art. 63 de la LEPCCES y, por tanto, la finalidad de la ley, con base en el Art. 1 de la misma, al dejar desprotegidos bienes que conforman el patrimonio cultural de El Salvador, contemplados en el Art. 3, que carecen de declaratoria alguna debido principalmente a que aún no han sido identificados, con lo que corremos el riesgo de perder para siempre la oportunidad de conocer sitios tan importantes como Joya de Cerén, descubierto de manera fortuita durante una construcción en 1976.

En este sentido, la necesidad de someter todo proyecto de construcción que conlleve remoción de tierra, cualquiera sea su naturaleza, se debe a la presunción de valor cultural que posee el territorio salvadoreño, evidenciado a partir de la enorme presencia de sitios culturales y naturales, y edificios patrimoniales.

Esta presunción es mucho más fundamental para la salvaguarda del acervo arqueológico y paleontológico, que en la gran mayoría de casos se encuentra en el subsuelo y los reconocimientos se originan a partir de su hallazgo, por lo que la declaratoria no es posible hasta que sea registrado por medio de investigaciones arqueológicas y paleontológicas.

De igual manera, existe un número indeterminado de sitios con valor patrimonial cuya existencia desconocemos, mientras no se investiguen vastas zonas del territorio nacional aún vírgenes científicamente, pero cuyo reconocimiento podría ocurrir tanto por medios académicos como a través de trámites en los cuales se basa el articulado que conmina a los usuarios en general a solicitar la autorización del Ministerio de Cultura.

El conflicto surgió luego de que los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cultura ordenaran detener la construcción de la urbanización Las Victorias (Acropoli Sonsonate) a la empresa Fénix, miembro del Grupo Salazar Romero, debido a que no contaban con los permisos para intervenir en el sitio arqueológico.

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