La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Universidad Centroamericana ( UCA), presentaron este jueves al Congreso, una propuesta de Ley General de Aguas, con un ente rector público.

Al centro, Procuradora Raquel de Guevara, y Rector Andreu Oliva.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentaron este jueves a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley General de Aguas, que tiene a la base la creación de un ente rector público, denominada Autoridad Nacional de Aguas (ANA).

“Nosotros proponemos un ente rector público”, dijo la Procuradora Raquel de Guevara, al detallar que la Constitución de la República, en el artículo 117, establece que “es deber del Estado la protección de los recursos naturales y obviamente el recurso hídrico es un recurso natural y es un derecho humano”.

Andreu Oliva, rector de la UCA, reiteró que “se reconoce que el agua es un derecho humano, se reconoce que el agua es un bien público. Al ser un bien público y un recurso natural es el Estado al que le corresponde velar por su protección, cuidado, para garantizar el uso para toda la población”

En la solicitud, la UCA y PDDH proponen un ente regulador de carácter público con funciones de diseño, gestión y aplicaciones de las políticas, planes, programas y práctica relacionadas al sector hídrico.

El ANA será la instancia superior, con carácter público, deliberativo y decisivo, en toda situación de interés nacional relacionado con temáticas del agua, adscritas administrativa y financieramente a la Presidencia de la Republica, con facultades política y administrativa en la toma de decisiones sobre la gestión hídrica.

De acuerdo con la PDDH y UCA, la Autoridad Nacional del Agua deberá estar conformada por el Ministerio del Medio Ambiente (MARN), Ministerio de Economía (MINEC), Ministerio de Obras Públicas (MOP), ministerio de agricultura (MAG) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

En la iniciativa también proponen un ente asesor de amplia representación y participación sectorial, con el propósito de apoyar en el análisis, deliberación y toma de decisiones de la autoridad nacional de aguas, que se denominara Consejo Nacional de Aguas (CNA).

Realizaron un llamado a la Asamblea Legislativa para que la Comisión del Medio Ambiente tome en cuenta la posición de la sociedad civil, la PDDH y la UCA, para la creación de una autoridad pública del agua

“Tienen que analizar la propuesta en su conjunto, que es una propuesta lo suficientemente amplia y con la participación adecuada de  toda la población. Es una propuesta que no deja en las manos de privados el control del recuso de agua”, puntualizó Oliva.

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