La Asamblea Legislativa aprobó este jueves disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población retornada salvadoreña, calificada como miembros de maras, pandillas o agrupaciones ilícitas.

Misael Mejía, diputado del FMLN.

“Esta es una herramienta más que tendrán las autoridades para el control y seguimiento de los retomados vinculados a las pandillas”, resaltó el diputado del FMLN, Misael Mejía.

La normativa establece que únicamente a aquellos salvadoreños que retornen al país y que sean calificados por las autoridades competentes como miembros o colaboradores de pandillas o agrupaciones ilícitas, les será aplicado el marco regulatorio para llevar a cabo acciones interinstitucionales, a fin de garantizar la seguridad pública.

“No es una ley para todos los compatriotas retornados, que son la mayoría de gente honrada que se fue del país en búsqueda de un sueño. Estas disposiciones serán aplicadas exclusivamente a los retornados vinculados a las pandillas, agrupaciones ilícitas”, aclaró.

La Dirección General de Migración y Extranjería será la instancia a cargo de realizar el control migratorio de personas salvadoreñas retornadas. En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) efectuará la calificación provisional y dispondrá las medidas preventivas para el seguimiento de los miembros de las agrupaciones ilícitas o terroristas.

Además, la PNC entrevistará a las referidas personas para acreditar su identidad y motivo de regreso, entre otros datos que deberán detallarse a través de una declaración jurada. También, la corporación policial deberá crear y mantener una base de datos actualizada de los expedientes de control y seguimiento de los sujetos establecidos en las disposiciones.

Las medidas de prevención que deberán cumplir las estipulará el juez de paz. Entre las medidas de control se mencionan: residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que se fije; prohibición de frecuentar lugares específicos o personas; y de reunirse o comunicarse con personas señaladas por la autoridad judicial.

El retornado con dicha calificación tendrá la obligación de apersonarse cada treinta días a la subdelegación policial más próxima a su domicilio, para que esa entidad lleve un control de sus presentaciones y firmas; y estará obligado a informar del cambio de su residencia dentro de los cinco días calendario previos o posteriores.

Las personas estipuladas en la normativa tendrán que comenzar y finalizar la escolaridad primaria si no la tienen cumplida, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. Prestar utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia fuera de sus horarios de labores, según plantean las medidas reeducativas.

“Esta normativa se suma a los resultados positivos en la disminución d los homicidios producto d la ejecución del Plan Salvador Seguro”, aseveró el legislador.