La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ordenó al juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán suspender el desalojo forzado de la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió este viernes una Medida Cautelar a favor de habitantes de la Comunidad El Espino, y ordena al juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán suspender el desalojo.

Estamos solicitando al juez de Paz de Antiguo Cuscatlán “Suspender cualquier diligencia programada por su autoridad encaminada a realizar desalojo forzados en prejuicio de los habitantes de la comunidad El Espino”, expresó el delegado departamental de la PDDH del departamento La Libertad, Gustavo Rivas.

De acuerdo con Rivas, la PDDH ha presentado una medida cautelar al Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán a favor de la comunidad El Espino. La medida consiste en la petición expresa al tribunal en que se abstenga de realizar el desalojo de manera provisional.

“Hemos presentado a tempranas horas una medida cautelar. La medida cautelar consiste en la petición expresa al tribunal en que se abstenga de realizar el desalojo de manera provisional, mientras no se realice la audiencia especial”, enfatizó la departamental de la PDDH.

Según la PDDH “debe haber una audiencia especial de seguimiento, para evaluar las condiciones de seguridad habitacional en la comunidad. Para esos efectos, la Sala de lo Constitucional le ordenó al Viceministro de Vivienda que en seis meses presentara una propuesta de factibilidad en cuanto a la inclusión de las familias en proyectos habitaciones bajo programas estatales”.

Rivas plantea que la propuesta de factibilidad ya fue presentada por el Viceministro de Vivienda, la cual deberá estudiarse para buscar una solución al problema habitación que enfrenta la comunidad El Espino. “El Estado debe agotar todas las medidas para garantizar oportunidades leales de acceso de la vivienda… Estamos totalmente convencido que el desalojo no debe realizarse porque es atentatorio control los derechos humanos de la comunidad”, dijo.

El 09 Junio 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó la suspensión del desalojo de la comunidad El Espino alegando que las personas afectadas directamente nunca tuvieron la posibilidad de defenderse ante los tribunales que los señalaban por usurpación.

En esa misma resolución, la Sala de lo Constitucional otorgó un plazo de seis meses para que el Viceministerio de Vivienda tomara acciones concretas para evaluar la posibilidad de reubicar a los demandantes y a las familias que habitan en el cantón El Espino incluyéndolas en algún problema programa de acceso a una vivienda social u otro de igual índole. 

Son alrededor de 80 familias que habitan en la Finca El Espino y que han manifestado no tiene otro lugar para vivir.

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